En 2001, el Ayuntamiento de Getafe, sin contar con la opinión del vecindario, aprueba un impuesto que graba la Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, la llamada “ecotasa”, lo que implica el pago anual de entre 36 y 108 euros.
La medida encuentra la oposición de la mayor parte de la ciudadanía y las AA VV presentan demandas contra el Consistorio. El 2 de octubre de 2003 un juzgado emite una sentencia sobre la tasa de 2002 favorable a los vecinos que es recurrida por el Ayuntamiento. Cinco meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratifica el fallo judicial. El Consistorio vuelve a recurrir. El mismo proceso se repite con la tasa de 2003.
En ese tiempo y en los años siguientes las AA VV recogen decenas de miles de firmas contra el impuesto, presentan nuevas demandas y organizan manifestaciones y otros actos que congregan a centenares de personas.
En 2006, el Supremo dicta dos sentencias que ratifican sendos fallos del TSJM, dando la razón a los vecinos. A pesar de todo esto y del rechazo ciudadano, el Ayuntamiento sigue cobrando en 2009 la tasa de la basura.